Cuando Norbert Amoya, de 29 años, fue a buscar agua a un río del norte de Zambia a principios de este año, encontró una gran cantidad de peces muertos y el agua tenía un olor extraño, según contó a un periodista. La causa fue un grave desastre minero.

El 18 de febrero, una presa de una mina de cobre china se rompió y vertió residuos tóxicos en un afluente del río más grande de Zambia, lo que amenazó el ecosistema, puso en peligro el sustento de millones de personas y expuso a las comunidades a un grave riesgo de cáncer y otras enfermedades. Aunque la empresa china ha indemnizado a varios residentes, el impacto a largo plazo sobre el ecosistema y los medios de vida de la población sigue siendo devastador. Este tipo de desastres se pueden prevenir.

Del 8 al 12 de diciembre, los Estados se reunieron en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el máximo órgano mundial de formulación de políticas ambientales, deliberaron sobre cómo hacerlo. El Gobierno colombiano tomó la iniciativa al proponer un nuevo tratado mundial para abordar los riesgos medioambientales de la minería, incluida la diligencia debida en materia de derechos humanos y la capacidad de rastreo en las cadenas de suministro de minerales. Muchos otros gobiernos, entre ellos los de Armenia, Ecuador, Omán y Zambia, país afectado por la contaminación, se sumaron a la iniciativa, que aboga por una “gestión ambientalmente racional de los minerales y metales”.

A medida que aumenta la demanda de minerales para la transición energética, la defensa y otras tecnologías, es fundamental que los gobiernos de todo el mundo protejan el medio ambiente y garanticen la protección de los derechos humanos en las cadenas de suministro de todos los metales y minerales, ya sean extraídos de forma legal o ilegal, en operaciones industriales o a pequeña escala, para la transición energética o para otros fines. Se necesitan urgentemente normas obligatorias.

Pero hubo resistencia y las negociaciones en la cumbre fueron difíciles. Algunos países, entre ellos Arabia Saudí, Irán y Rusia, se opusieron a cualquier medida vinculante, e incluso al nombramiento de un grupo de trabajo. Como compromiso, los Estados decidieron convocar “diálogos” entre los gobiernos y otras partes interesadas para debatir temas clave como la recuperación de recursos de residuos mineros y las mejores prácticas para la gestión ambientalmente racional de los minerales y metales.

Estos son pequeños pasos importantes y positivos, pero serán necesarias normas obligatorias para garantizar que todos los actores de las cadenas de suministro de mineras y minerales respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Las medidas voluntarias de las empresas no son suficientes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, como han demostrado repetidamente las investigaciones de Human Rights Watch y otras organizaciones.

Además, la minería sigue contribuyendo a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, los grupos armados o los grupos delictivos. En el Estado venezolano de Bolívar, los residentes viven con el temor a la violencia de los grupos armados involucrados en el comercio ilícito de oro, incluidas las amputaciones. Las ejecuciones sumarias y el trabajo infantil forzoso por parte de los grupos armados siguen ocurriendo hoy en día. Human Rights Watch también ha documentado graves actos de violencia en zonas mineras de Perú, Zimbabue y la República Centroafricana.

En el futuro, los gobiernos deben asegurarse de que los diálogos sobre el impacto medioambiental de la minería sean sólidos, se centren en los derechos humanos y definan medidas para establecer normas vinculantes.

Nsama Chikwanka, activista de Zambia que participó en las negociaciones de la ONU, declaró a Human Rights Watch a raíz del reciente desastre minero: “Sin normas comunes y aplicables, se produce una carrera hacia el abismo que perjudica a las personas y a la naturaleza. Para las regiones mineras de Zambia, esto no es algo abstracto: se trata de agua limpia, residuos más seguros y acuerdos más justos”.

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