La ley europea contra la deforestación, que prohíbe la importación de productos de áreas deforestadas a la Unión Europea, ha generado preocupación entre varios países en desarrollo, incluyendo Brasil, Indonesia y otros 15 países que han unido fuerzas para expresar su descontento.

En una carta conjunta dirigida a las máximas autoridades de la Unión Europea, critican la norma por su «carácter punitivo y discriminatorio». Afirman que la UE se ha mostrado inflexible hasta el momento y solicitan un diálogo para resolver la situación, aunque reafirman su compromiso con las metas ambientales multilaterales.

La ley de la UE, en vigor desde el 29 de junio, prohíbe la entrada de siete productos y sus derivados (aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja) si provienen de áreas deforestadas ilegalmente después del 31 de diciembre de 2020. Las empresas deben demostrar que sus productos cumplen con los requisitos de la normativa europea.

Los 17 países firmantes, incluyendo naciones latinoamericanas como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, y otros, así como Indonesia y naciones africanas como Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia, argumentan que los pequeños productores podrían quedar excluidos de las cadenas de valor internacionales debido a la dificultad para cumplir con los estrictos requisitos de la ley europea, incluso si no han contribuido a la deforestación en sus tierras.

Esta controversia pone de manifiesto los desafíos y tensiones entre la protección ambiental y el comercio internacional, y destaca la importancia de un diálogo continuo y cooperación global en temas ambientales para abordar de manera efectiva los problemas relacionados con la deforestación y la sostenibilidad.

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