El Tratado de Alta Mar (BBNJ) alcanzó las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, consolidándose como el primer instrumento global y legalmente vinculante orientado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las aguas internacionales. Este acuerdo permitirá regular de manera integral cerca del 64 % del océano y aproximadamente la mitad de la superficie del planeta, áreas que hasta ahora estaban gestionadas de forma fragmentada y sectorial.

El tratado introduce herramientas clave para la gobernanza oceánica, entre ellas la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, especialmente en ecosistemas ecológica y biológicamente significativos como corredores migratorios, montes submarinos y zonas de alta productividad. Asimismo, establece la obligatoriedad de evaluaciones de impacto ambiental para actividades humanas que puedan afectar la biodiversidad marina, promoviendo un enfoque preventivo basado en el principio de precaución y en la mejor evidencia científica disponible.

La entrada en vigor del acuerdo está prevista para el 17 de enero de 2026. Hasta la fecha, 78 países han ratificado el tratado, superando el umbral mínimo requerido. Este avance fue impulsado por un mayor compromiso político durante la Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas, lo que permitió acelerar el proceso de ratificación.

En el caso de Colombia, aunque el país ha firmado el tratado, aún no lo ha ratificado, por lo que no está jurídicamente obligado a cumplir sus disposiciones ni puede acceder plenamente a los mecanismos de financiamiento ni participar con plenos derechos en los órganos de decisión que se crearán, como la Conferencia de las Partes (COP). La ratificación requeriría la aprobación del Congreso y una posterior adecuación del marco normativo nacional.

Para Colombia, el tratado representa una oportunidad estratégica para fortalecer la conservación marina, especialmente en el Pacífico, al permitir una mejor articulación entre las áreas marinas nacionales y la alta mar. Esto contribuiría a la protección de especies migratorias, corredores biológicos y ecosistemas compartidos, además de reforzar la cooperación científica, la toma de decisiones basadas en evidencia y una gobernanza oceánica más coherente a nivel global, regional y nacional.

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